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Lo dijo la AGN sobre la labor de la Unidad de Sustancias Químicas, una dependencia de la Secretaría de Ambiente, que no cumplió con la norma que establecía la descontaminación de los aparatos que contengan este químico para 2010. Tampoco se hizo un inventario de PCB en todas las provincias, pese a contar con un presupuesto de medio millón de dólares. |
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Es según sus estados contables de 2007. La AGN investigó esos balances pero se abstuvo de opinar. En ese ejercicio también se registraron pérdidas por $ 84 millones. Por la explosión de Río Tercero hay 1100 juicios, calculados en $ 82 millones. Para sanear las cuentas, la dependencia pasó de la órbita del Ministerio de Economía a la de Planificación.
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Esa fue una de las conclusiones de la Auditoría General salteña tras analizar la labor del Instituto Provincial de Salud. Se detectó que en el ejercicio 2005 hubo una “diferencia” de $ 53 millones entre el informe de deuda y el balance de sumas y saldos que presentó el ente. Además, la base de datos del IPS registra falencias “en grados inadmisibles”.
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