Decisión Administrativa Distributiva de Créditos. Norma dictada generalmente al comienzo del ejercicio presupuestario en la que el Jefe de Gabinete de Ministros distribuye los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto del ejercicio con una desagregación exhaustiva en detalle de las clasificaciones presupuestarias.

El Defensor del Pueblo es una Institución de la Nación que opera con plena independencia y autonomía funcional; sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Actúa para proteger los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes, como también observar y defender el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.  

Tiene competencia para iniciar y proseguir de oficio, o a petición del interesado, cualquier investigación que propicie al esclarecimiento de asuntos dentro de las áreas que le competen, -las reparticiones de la Administración Pública Nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas- en relación a los siguientes temas:

·          Mal funcionamiento

·          Ilegitimidad

·          Falta de respuesta a reclamos efectuados

·          Mala prestación, atención o trato

·          Insuficiencia de información

·          Violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor

·          Cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente

La Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo de control unipersonal, autónomo e independiente que protege y defiende los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos de la ciudad. Supervisa y garantiza que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes.

Además, controla que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atiende las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.

Como organismo de control, la Defensoría del Pueblo es autónoma e independiente y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Puede proponer leyes ante la Legislatura, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.

Los trámites que se realizan en la Defensoría son totalmente gratuitos y se pueden reclamar, entre otros, los siguientes temas:

·          Inconvenientes con los servicios públicos

·          Aumentos de impuestos y tarifas

·          Corrupción en la función pública

·          Violaciones a los Derechos Humanos

·          Discriminación

·          Educación y salud pública

·          Maltrato y mala atención en hospitales, escuelas, comisarías, oficinas, etc.

·          Contaminación ambiental

·          Control de alimentos

·          Defensa de consumidores y usuarios

·          Espacios verdes y vía pública

Consiste de un índice de precios, implícito o explícito, que se utiliza para distinguir los aumentos, por ejemplo, del producto bruto, que resultan del incremento de los precios, de aquellos que obedecen a un cambio real en el producto –es decir, en las cantidades físicas-. El deflactor permite eliminar los efectos de la inflación cuando se comparan magnitudes económicas a lo largo del tiempo; se dice entonces que éstas han sido deflactadas y que las cifras se presentan "a precios constantes".

El que recibe el depósito, asume el deber de guardar y conservar la cosa depositada. Y el depositario judicial recibe el bien también en custodia. En este caso, es un auxiliar del juez y encargado de cumplir la medida judicial, guardando o vigilando bienes o personas, que constituyen la materia sobre la cual recayó.

Ferreres lo ha definido "El conjunto de leyes dadas por Dios, o por el poder eclesiástico, por las que se ordena la constitución, régimen y disciplina de la Iglesia Católica".

Para Sehling "Es el conjunto de normas jurídicas dictadas para el buen régimen de la Iglesia. Estos dos tratadistas citados son doctores en derecho canónico.

Dentro del esquema normativo que regula el sistema de compras estatales, es la acción por la que se fraccionan adquisiciones de productos de un mismo agrupamiento en lapsos inferiores a 3 meses con el objeto de evitar el concurso público.

Puede serlo de la pretensión: y por el cual el actor manifiesta su voluntad de ponerle fin al proceso, sin que se dicte sentencia, o del derecho: en virtud del cual, el actor abdicará del derecho material y que es fundamento de su pretensión, ya que traerá aparejado el de la última y que no podrá promover otro proceso por igual objeto.

En Auditoría de Gestión, la diferencia entre el objetivo planeado y el alcanzado.

Es aquella deuda cuyo devengamiento está sujeto a un hecho aleatorio.

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