Jueves 30 de Octubre de 2014

Normas Comentadas

Discusión entre el OCCOVI y la Auditoría General de la Nación por un pedido de información

Viernes 16 de Noviembre de 2012

Una inédita polémica surgió entre la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), a partir de un pedido de documentación sobre un corredor vial del sur.

El 31 de julio de este año, la AGN presentó formalmente al equipo de auditores que trabajaría en el OCCOVI. Pero dos días antes, el 29 de julio, el controlador vial pidió por Nota 1738 que la Auditoría informe sobre “el objeto” de la fiscalización y que precise “el aspecto contractual (que se iba) a auditar”. Además, exigió “una copia del Programa de Acción Anual de la AGN 2008 aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas -donde conste el proyecto en cuestión-, características de la formación técnica y experiencia profesional del equipo de auditoría actuante, del supervisor y jefe, y sus respectivos currículum vitae”.

Frente a esto, la AGN efectuó el primer requerimiento de información el 12 de agosto. Los auditores querían detalles sobre el contrato de concesión del Corredor 29, que bordea el Río Limay entre Neuquen y Río Negro.

Según el requerimiento, el OCCOVI tenía 15 días corridos para entregar la documentación. La Auditoría también adjuntó el inciso b del artículo 119 de la Ley de Administración Financiera, la 24.156, que faculta al organismo de control a “exigir la colaboración de todas las entidades del sector público”, y establece que los entes auditados “están obligados a suministrar los datos, documentos y antecedentes relacionados con el ejercicio de sus funciones”. Pero la información nunca llegó.

Pese a que una fuente de la AGN aclaró que las demoras en estos trámites son “habituales”, lo inédito de este caso es que el OCCOVI no cumplió con lo previsto en la Ley 24.156 y, además, reiteró las mismas exigencias mediante la Nota 1842 del 20 de agosto.

Dos semanas más tarde, el 5 de septiembre, la Auditoría le respondió a la Directora Ejecutiva del OCCOVI que “los términos de su misiva resultaban inaceptables”, y que suponían un “grave avasallamiento (a) las jerarquías de este organismo de control, arrogándose facultades que en modo alguno le corresponden”. Y agregó: “Admitir las expresiones vertidas importaría infligir un agravio inaceptable a un órgano de las características de la Auditoría General de la Nación”.

Con esa respuesta, el OCCOVI recibió además otra intimación para que cumpliera con el pedido de información en un plazo de cinco días corridos.

Pero el controlador vial repitió sus Notas anteriores, e insistió con saber qué se iba a fiscalizar y por qué, y el currículum vitae de los auditores. Si bien esta última Nota está fechada el 10 de septiembre, recién fue recibida el 18 de ese mes. Un día antes, desde la Auditoría había salido nuevamente la solicitud sobre los detalles del contrato del Corredor 29, esta vez junto a los artículos 18 y 19 de las Normas Básicas de AGN, aprobadas por las Comisiones Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso. Esas Normas prevén los plazos que debe esperar (y prorrogar) el organismo de control frente a un caso como este y, de mantenerse la falta de respuestas, que se informe a la autoridad máxima del ente auditado, a la SIGEN y a la Comisión Revisora de Cuentas.

En su último intento, la AGN había fijado un plazo final de siete días corridos para hacerse de la información que necesitaba. Ese lapso expiró el 25 de septiembre.

Hoy, los trabajos de la Auditoría están parados. Los detalles de la historia figuran en la Resolución 196/08 publicada en el sitio www.agn.gov.ar. La conclusión del documento señala que “habiendo actuado de conformidad con el artículo 19 de las Normas Básicas y las facultades conferidas en el artículo 119 de la Ley 24.156, el Colegio de Auditores procederá a dar traslado del siguiente dictamen a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la Sindicatura General de la Nación y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.

 
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