Miércoles 15 de Octubre de 2014

Informe Sintetizado

Algunos centros de diálisis del PAMI no tienen habilitación municipal

Técnicos de la AGN detectaron problemas edilicios en sanatorios de Capital y Morón que funcionan con permisos en trámite desde 1999 y 2002. Hay salas de atención más chicas de lo que se necesita para prestar el servicio, paredes con humedad y sin revoque. Además, trabajan médicos que no están inscriptos en la Superintendencia de Salud y enfermeros sin matrícula.

En una clínica de Flores la ubicación de matafuegos y salidas de emergencia no están señalizadas.
La sala de diálisis de la Fundación Favaloro no tiene el tamaño necesario para atender a los pacientes.

Viernes 16 de Noviembre de 2012

Tras una recorrida por diez clínicas que prestan servicio de diálisis a los afiliados del PAMI en Capital Federal y Morón, la Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que algunas funcionan sin habilitación municipal, tienen problemas edilicios y registran irregularidades en su planta de profesionales.

Entre los centros de salud porteños, el organismo de control afirmó que el Cemic Fresenius Medical Care, en Rivadavia 6044, opera con una autorización provisoria, al igual que el Stra, en la calle Lautaro 333, que tiene su permiso en trámite desde 2002. Esta clínica del barrio de Flores no dispone de un área de cuidados intensivos “ni convenio con algún establecimiento asistencial para la eventual derivación de pacientes descompensados”, amplía la AGN. No obstante, Stra tampoco tiene un contrato vigente con un servicio de emergencias para realizar los posibles traslados, ni cuenta con sala de hemoterapia propia. Para esa prestación, los afiliados del PAMI deben ir al Sanatorio Santa Isabel, que está al lado de Stra. La clínica, además, presentó falencias en su planta física: la sala de hemodiálisis no cumple con la superficie mínima de seis metros cuadrados para operar con normalidad y, en cuanto al equipamiento contra incendios, “las vías de evacuación carecían de señalización (lo mismo que la ubicación de los matafuegos), los detectores de humo eran insuficientes y el certificado de la inspección de bomberos estaba vencida”, dice el informe de la Auditoría, aprobado este año sobre datos del período 2006-2007.

El espacio que tiene disponible el PAMI para realizar las diálisis en la Fundación Favaloro (Belgrano 1782, séptimo piso), tampoco cumplía con el requerimiento de los seis metros cuadrados por puesto de trabajo. Y, en el edificio, no exhibieron la inspección de bomberos.

En el servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Español, la AGN descubrió un “deficiente estado de conservación de las paredes, con falta de pintura y, en algunos casos, revoque”.

Los pacientes del PAMI que tienen insuficiencia renal crónica terminal, reciben hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria y peritoneal cíclica continua, como sustitutivos de la función renal. El instituto brinda los servicios mediante prestadores contratados, justamente las clínicas que recorrió el organismo de control, correspondientes en este caso a la Unidad de Gestión Local (UGL) de Capital, y de Morón, en el conurbano bonaerense.

Por el lado de Morón, el informe señala que el 53% de los pacientes que se atendían en la clínica Nefrodeha, de Haedo, recibían eritropoyetina (EPO), una hormona que facilita el aumento de eritocritos en sangre y estabiliza el funcionamiento renal. Según la AGN, este porcentaje está “muy por debajo de los valores de referencia” del PAMI, que oscilan entre el 85 y el 90%: “Esta situación justifica una investigación específica ante la posibilidad de una subprestación” del servicio, afirmaron los técnicos, y completaron que, no obstante, “no se evidenciaron acciones de control del Instituto al respecto”.

Algo parecido se observó en el Instituto Médico Constituyentes, donde el porcentaje de pacientes con eritropoyetina era del 60%, y el de los que recibían transfusiones trepaba al 14%. Como el parámetro del PAMI para las transfusiones es de “<1%”, es decir, menos del uno por ciento, la Auditoría también advirtió sobre la “posibilidad de subprestación de la droga, supliéndola por transfusiones”.

En esta clínica se verificó que varios médicos nefrólogos “no presentaron constancia de inscripción en la Superintendencia de Servicios de Salud”, y que trabajaban técnicos sin especialización en enfermería. Asimismo, los piletones donde se procesan los dializadores eran tan chicos, que se “facilitaban los derrames”, relata el informe.

Al momento de la visita de la AGN, Fresenius Medical Care de Merlo funcionaba con una habilitación municipal que se encontraba en trámite desde 1999. Además, el seguro por incendio estaba vencido; había paredes con humedad y falta de pintura; en la sala general había un baño para discapacitados, aunque el inodoro “no era suficientemente alto”, y en el área de pacientes aislados, infectocontagiosos, directamente no había baños para discapacitados. Por otra parte, en el Sanatorio Hurlingham, prestan servicios enfermeros sin matrícula.

Con todo, la Auditoría completó que los establecimientos visitados, tanto en Capital como en Morón, “nunca fueron controlados por sus respectivas UGL”, sino que es la Unidad de Auditoría Prestacional, una dependencia que funciona a nivel central en el PAMI, la que los controla “una vez al año”.

 
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